OBJETIVOS - programa academico ciudadano

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BENEFICIOS INMEDIATOS PARA EL PAÍS CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO CIUDADANO

1.- Reducción generalizada de impuestos mediante la reducción de privilegios y salarios de la alta burocracia, control estricto del gasto público y estructuras eficientes.

Este objetivo del Programa Académico Ciudadano realizado mediante las reformas y adiciones del Título Cuarto, así como la reducción del Capítulo V al Título Sexto será de la Constitución, lo cual permitirá una política fiscal transparente y la institución de un sistema tributario y financiero redistributivo que incluye la disciplina en el ingreso y el destino de los recursos públicos complementada con la reforma del artículo 127 que establece que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada a la realidad económica, que no podrán ser superiores a 58 salarios mínimos.
Una política social justa, eficiente y transparente que incluya el control del destino de los recursos públicos; estimula la contribución de todos y hace posible la reducción de impuestos.

2.- Solución al problema de la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico mediante estrategia ciudadana integral de reformas legislativas y sustitución de Instituciones que no funcionan.

Entre otras reformas proponemos la creación de Consejos de Procuración de Justicia y Seguridad, y la reforma penal integral, tomando como referencia la enmienda del daño causado por el delincuente y la correspondiente reparación del daño a la víctima, al ofendido, a las instituciones ya la sociedad en su conjunto; desalentando el narcotráfico, como negocio fácil mediante la atención de la drogadicción como problema de salud y la correspondiente des-negociación de la producción y venta de la droga.
Lo señalado se logra con la adición del Capítulo VII al Título Tercero para incorporar a las estructuras del Estado la Función de Procuración de Justicia y Seguridad con las correspondientes reformas de los artículos 4, 20, 49, 102 “A”, 14, 16, 18,21, 22, 94, 97, 99 y demás artículos constitucionales del proyectos vinculados.

3.- Nuevo Sistema Político Electoral entorno a los ciudadanos; en sustitución del presente que se caracteriza de ser injusto, otorga todos los derechos a partidos y candidatos y las
obligaciones a los ciudadanos.

Este objetivo se logra, mediante la creación del Poder Electoral, la ciudadanización del INE, y la creación del Programa Compromiso para todo candidato, el establecimiento de la revocación del mandato, la propaganda comparativa, las casas de la democracia, el candidato ciudadano, el referéndum , el plebiscito, la consulta popular, el voto condicionado a programas ciudadanos previo a las elecciones, la segunda vuelta electoral en casos especiales y todo instrumento de participación ciudadana.
Lo señalado puede implementarse mediante la ampliación del Capítulo V al Título Primero y las reformas de los artículos 40, 41, 49, 50, 52, 54,62 y otros previstos en el Proyecto de Reforma Constitucional Integral.

4.- Solución al problema económico de la pobreza el desempleo y el subempleo mediante el estímulo de la productividad de todos y el desarrollo humano integral y sustentable.

Este grave problema se resolverá gradualmente mediante el desarrollo sustentable previsto en el Proyecto de Reforma Constitucional Integral que contempla la adición de ocho capítulos que se incorporan al título sexto que en su conjunto establece una estrategia para fomentar el empleo y la calidad de vida.
En el Capítulo I del Título Sexto se prevé el derecho al trabajo como medio permanente de realización humana para el desarrollo humano del trabajador, así como la seguridad social que se prevé debe de ser ampliada a todos los mexicanos.
El Capítulo II del proyecto incorpora la planeación democrática con participación de todos los mexicanos para lograr el desarrollo integral.
El Capítulo III que se adiciona, fomenta la actividad emprendedora de todos, mediante el desarrollo empresarial y energético para la inversión de México y el mundo y la inversión extranjera en México en los rubros que hasta ahora no hemos explorado.
En el Capítulo IV se estimula la participación ciudadana para el desarrollo económico, industrial, comercial, etc., mediante la economía del esfuerzo en lugar de la economía de la especulación.
La mejora del Capítulo V prevé un sistema tributario y financiero, promotor del desarrollo, en congruencia con el desarrollo rural sostenible y el desarrollo ecológico y de protección al medio ambiente, previsto en los Capítulos VI y VII.
En el Capítulo VIII se reglamenta el desarrollo urbano municipal reorientando el municipio como la expresión del Estado, con mayor vinculación con los ciudadanos y su necesaria protección mediante la salvaguarda del entorno natural. Conforme a lo anterior se adiciona al artículo 123 varias disposiciones desde la letra “A a la N y se reforman varios artículos para lograr la mejor estrategia contra la pobreza y el desarrollo.

5.- Solución al problema de la impunidad y corrupción mediante la creación de los Tribunales de Responsabilidades en el Servicio Público y la correspondiente acción ciudadana.

Este objetivo puede implementarse mediante la acción ciudadana directa en la denuncia por corrupción, desvío de recursos e impunidad y la correspondiente creación de los Tribunales de Responsabilidades en el Servicio Público, competencias para todo servidor público de los cuatro poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Ejecutivo y de las tres funciones Generales del Estado, la función de Procuración de Justicia y Seguridad, la Función de Autoevaluación del Estado y la Función Educativa y de Comunicación Humana, previstas en el artículo 49 del proyecto, pero además de toda persona que administre los recursos públicos. Lo anterior es posible mediante la reforma del Título cuarto de la Constitución, la creación de la función de Procuración de Justicia y Seguridad,

6.- Eficiencia y transparencia de toda Institución pública mediante nuevas estructuras de fácil acceso ciudadano.

El grave problema de la estructura deficiente y funcionamiento del Estado sin resultados concretos para la población y sin rendición de cuentas se resuelve mediante la aplicación de la teoría de la clasificación del Supremo Poder de la Sociedad que prevén estructuras eficientes, cuatro poderes y tres funciones generales del Estado; entre estas últimas la Función de Procuración de Justicia y Seguridad, la Función de Autoevaluación del Estado y la Función Educativa y de Comunicación Humana, que permitirán estructuras calificadas para el desarrollo y el mejoramiento creciente de las instituciones para la protección de los derechos humanos y del ambiente, lo cual es posible mediante la reforma y adición del título tercero de la Constitución; artículos del 49 al 107 que obviamente incluye la mejora del Poder Electoral en el capítulo V,

7.- Solución al avance de los antivalores mediante reforma del Sistema Educativo, promoción y abundancia de valores.

Los problemas nacionales se multiplican y los antivalores avanzan sobre los valores, razón por la cual es necesario posicionar a la educación ya la investigación científica como factores fundamentales en la solución concreta de cada problema y cada manifestación contraria a los valores humanos, por lo cual el proyecto de Reforma Constitucional Integral prevé la creación de la Función Educativa y de Comunicación Humana dentro de las estructuras del Estado para combatir los antivalores y vincular los esfuerzos académicos y la investigación científica a todas las demás instituciones nacionales y enfrentar así los problemas y su correspondiente solución .

8.-Protección efectiva del ambiente y de los derechos humanos, mediante la queja ciudadana.

Es prioridad para el presente y futuro de todos los mexicanos la protección del entorno natural en que vivimos y los derechos humanos fundamentales; en consecuencia se crean los Tribunales de Protección al Ambiente y la Función de Procuración de Justicia y Seguridad, para insertar dentro de este consejo a la Procuraduría de Protección Ambiental; considerándose como delito toda lesión al ambiente.
Se transforma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Defensoría Nacional como órgano de autoevaluación del Estado mediante la queja ciudadana. Este objetivo puede realizarse con la reforma de los artículos 4, 94, 123 y demás disposiciones aplicables, así como la adición de los capítulos VI y VII del título tercero constitucional.

9.- Acceso sencillo de la población a los órganos de Procuración y Administración de Justicia mediante su reforma, fortaleza e integración.

La Obstrucción burocrática a la población para resolver sus conflictos ante los órganos de procuración y administración de justicia, será resuelta mediante la reforma de varias disposiciones a la Constitución que incluye la creación de la Función General de Procuración de Justicia y Seguridad en todas las áreas del derecho con nuevas facultades de mediación y de conciliación. Además se prevé en el proyecto una reforma constitucional del Poder Judicial para simplificar los procesos jurisdiccionales e incorporar a todos los tribunales especializados dispersos al Poder Judicial otorgando participación ciudadana calificada en los procedimientos de designación de ministros, magistrados, jueces y demás servidores jurisdiccionales.
Este objetivo puede realizarse de inmediato con las reformas que contemplan el proyecto en el cual destaca la adición del Capítulo VII al Título Tercero, las reformas de los artículos 4, 20, 94 al 107 y demás disposiciones relacionadas con la reforma penal integral.

10.- Mejoramiento creciente de nuestra República mediante la precisión de sus multas y su auto evaluación permanente.

La aplicación del presente Programa Académico Ciudadano también tendrá el efecto inmediato de lograr un mejoramiento creciente de nuestra República mediante la precisión de sus fines que se consolidará en la visión del Capítulo Primero del Título Primero de nuestra Constitución y la autoevaluación permanente del Estado y sus instituciones mediante la queja ciudadana que implica la visión del Capítulo Sexto Título Tercero con la creación de la función autoevaluadora del Estado.
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